En defensa del Ejecutivo

Jorge David Aljovín Navarro

Diversas voces se han pronunciado por la ilegalidad del decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. En concreto, algunos legisladores han anunciado la interposición de una controversia constitucional con la finalidad de combatir la validez del decreto y restituir en plenitud al ahora extinto organismo descentralizado.

En esta coyuntura, juristas reconocidos han señalado que el Ejecutivo carece de facultades constitucionales y legales para decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro y, por tanto, el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado sábado se encuentra afecto de un vicio de origen.

Principalmente, sostienen que el Ejecutivo paso por la alto la facultad del Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, para suprimir empleos de la Federación en materia de energía, la cual encuentra su sustento legal en el artículo 73 de la Constitución en sus fracciones X y XI.

En la misma tónica, agregan que los organismos descentralizados al tener el carácter de empresas, no forman parte de la esfera del Ejecutivo, es decir, no integran la administración pública centralizada y, por tanto, deberán regirse por la Ley Federal del Trabajo.

Sin embargo, los argumentos expresados omiten señalar que el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece: “son organismos descentralizados las entidades creadas mediante ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”.

En este sentido, la creación de los organismos descentralizados podrá recaer tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, por lo que una supuesta facultad exclusiva del Congreso de la Unión se difumina.

Razón suficiente para que el Ejecutivo, en consonancia con la doctrina administrativa, se encuentre facultado para extinguir un organismo descentralizado mediante el mismo acto que le dio origen, a saber, la emisión de un decreto.

Por otro lado, señalar que los organismos descentralizados, al tener el carácter de empresas, se rigen por la Ley Federal del Trabajo resulta inexacto. Por el contrario, el rasgo característico de los organismos descentralizados es su autarquía que implica una capacidad de auto-organización con cierto grado de independencia (personalidad jurídica y patrimonio propios), lo cual no implica que su procedimiento de creación y organización no encuentre su origen en la emisión de un decreto por parte del Ejecutivo Federal y, muchos menos, confundir esta característica con su carácter de empresa.

En conclusión, estas consideraciones junto con el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestales, el cual establece: “Cuando algún organismo descentralizado creado por el Ejecutivo Federal deje de cumplir con sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, atendiendo la opinión de la Dependencia Coordinadora del Sector que corresponda, propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación, o extinción de aquél (…)”, ratifican que el decreto emitido por Ejecutivo Federal por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, no sólo se encuentra apegado a derecho sino que goza de larga vida.

Caudillos, pobreza y algo más...

Caudillos, Pobreza y algo más…

Grandes cambios, política de gasto desmedida, reivindicación de minorías étnicas, parecen ser lugares comunes a la construcción de plataformas políticas endebles, dando paso al resurgimiento de un populismo barato que busca instalarse y corroer los diseños institucionales de la región latinoamericana. En palabras del Dr. Luís Alberto Lacalle, ex presidente de Uruguay, nos enfrentamos a un fenómeno de inflación de los más peligrosos, por extraño que parezca no se encuentra referido al dinero sino a la inflación de las promesas electorales.

¿Cuál es la raíz? Políticas indolentes, insensibles que olvidan que 230 millones de latinoamericanos viven en la extrema miseria. En este escenario desolador aparecen ciertos personajes que prometen al igual que el Rey Midas transformar en oro lo que se ponga a su paso; no obstante, este nuevo caldo de cultivo representado por el resurgimiento de caudillos en el continente americano no puede hacer más que alertar a quienes observamos impávidos las intervenciones del Presidente Chávez en los procesos electores de Nicaragua, Perú y México, así como, el establecimiento de bases militares en Bolivia.

En este contexto, un desafío importante en la agenda de la nueva legislatura será: ¿Cómo incluir en sus proyectos de ley a miles de mexicanos vapuleados por la crisis económica? ¿Cómo impulsar una política de gasto responsable? Aunque parezca una verdad de perogrullo… conciencia y preocupación por los problemas reales de la gente, pero sin olvidar que el camino para su solución debe inscribirse en un escenario democrático y plural donde las instituciones salgan fortalecidas.

Esto es, “no podemos entender una política de desarrollo social adecuada y eficiente si la concebimos disociada de una política económica responsable”.

Propósitos dignos de celebrarse, aun más se debe procurar y observar el dicho “no le des pescado, enséñale a pescar“, agregándole en palabras del ingeniero Slim, también resulta necesario venderlos.

Con estos propósitos en carpeta es importante llamar la atención sobre una decisión crucial, apostar por la reducción de la pobreza o por políticas más igualitarias en la distribución del ingreso.

En principio, parecería que lo más indicado sería apostar por la primera opción, adoptando un modelo social como el chileno donde en el último tiempo la reducción de la pobreza extrema ha tenido gran éxito, a pesar de existir un déficit importante en el combate por la reducción de la enormes brechas que existen en la distribución de ingreso, que han llevado al país andino ha ubicarse como el más desigual de la región.

Lamentablemente, el escenario parece plantearse bajo estas condiciones, ya que en nuestro país la existencia de un corporativismo, fecundo para el fortalecimiento de lo que genéricamente se han llamado monopolios (término utilizado por economía conceptual) impide apostar por una política social dirigida a una eficiente y consciente distribución del ingreso.

Una solución para nueva legislatura debería inscribirse en un escenario en que políticas de reducción sean compatibles con políticas que ataquen la distribución del ingreso.

Resultará interesante lo que se pueda hacer en este renglón, apostando a un clima de negociación con las grandes estructuras corporativas existentes en territorio azteca.

En estas circunstancias resultan aleccionadoras palabras de Alejandro Toledo, ex presidente del Perú, “acabemos de una vez por todas con el mito que a los empresarios no les preocupan los pobres; por el contrario, un combate franco contra la pobreza, permitirá recuperar un sector importante como impulsor de una economía sólida y responsable”.

Esperando que nuestros legisladores den una muestra de civilidad y de respeto por las instituciones que tanto nos ha costado construir.

Optimista Ciudadano del mundo