Transcurrido exactamente un mes de
las campañas electorales, hace unos días el Tribunal Electoral revocó el límite
de financiamiento privado que reciben los candidatos independientes
(SUP-JDC-222/2018), bajo el argumento de que este resultaba inequitativo frente
a los recursos que reciben los partidos políticos.
En pocas palabras, los
magistrados electorales inaplicaron la regla que establecía como límite de
financiamiento privado a los candidatos independientes el equivalente al 10%
sobre el tope de gastos de la elección de que se trate, por lo que se pasó a
una flexibilización de este límite para que estos candidatos reciban una
cantidad igual al gasto autorizado para los partidos políticos y, así puedan
competir en condiciones de igualdad.
Pero, cuando pasamos estas
cifras en limpio, nos encontramos que en el caso de la elección de Presidente
de la República, a partir de esta resolución, su cifra autorizada de
financiamiento privado será en números cerrados de 422 de millones, sumados a
los 7 millones que reciben vía financiamiento público, lo cual en total da una
escalofriante cantidad de 429 millones.
Pero, es aquí donde nos
preguntamos, esta resolución no es contraintuitiva al reclamo ciudadano de que
las campañas deben costar menos y, no es también la esencia de nuestro sistema
mixto de financiamiento, que los recursos públicos deben prevalecer a los
recursos de origen privado, medida que fue concebida para evitar la injerencia
indebida de actores externos a las agendas de los candidatos, hecho que a partir
de lo resuelto pone en tela de juicio la “independencia” que guardarán los
independientes, cuando a partir de este nuevo límite se sujetarán a los
intereses del mejor postor en el mundo privado.
Sin embargo, a pesar de
comprender que se debe promover la equidad en la contienda entre los candidatos
independientes y los partidos políticos, cuando leemos y escuchamos estas
cifras estratosféricas, sin duda, vienen a nuestra mente cuestionamientos tales
como ¿no genera esta resolución un incentivo para la entrada del dinero
ilícito? ¿será capaz el árbitro electoral de fiscalizar este tipo de recursos?
Algunos dirán que el
límite individual de las aportaciones que reciban los independientes resultará
un muro para la entrada de dinero de dudosa procedencia, pero no es menos
cierto que este tipo de decisiones adoptadas en medio del actual proceso
electoral también allanan el camino para las triangulaciones de dinero que
pondrán a prueba la coordinación del INE y las autoridades financieras ¿será
esto suficiente?
Todo parece indicar que
dadas estas reglas del juego, las actividades de auditoría jugarán un papel
crucial para empatar los recursos aportados por las personas físicas con sus
ingresos, pero esto crea más dudas que certezas, por lo que una vez más en un
acto de fe, ante la improvisación que trae consigo el establecimiento de nuevas
reglas ya iniciados estos comicios, no nos queda más que apelar a la buena
voluntad de los actores políticos y esperar que no se abra un boquete en
nuestra fiscalización que, malo que bueno, bastante trabajo nos ha costado
construir y que no debe ser indiferente a un momento crucial que vivimos en
nuestro país, el cual requiere de la consolidación de instituciones y reformas
legales que atiendan a la debilidad del Estado frente a la crisis de impunidad
y corrupción rampante.
Publicado en:
enteratede.com.mx
30.04.2018