Partidos políticos y candidatos ¿Dónde quedaron los derechos de los niños en la difusión de sus promocionales apá?
Publicado en: https://enteratede.com.mx/partidos-politicos-candidatos-donde-quedaron-los-derechos-los-ninos-la-difusion-promocionales-apa/
28.05.2018
En el actual proceso electoral,
hemos sido testigos que los partidos políticos y sus candidatos no sólo piden
tu voto como ya es frecuente en esta época de vendimia electoral, sino también
hasta los más temerarios ofrecen garantizar el cuidado de nuestros hijos.
Pero como creer en estas promesas electorales, si observamos que
estos spots se difunden en horarios donde niñas, niños y adolescentes están
expuestos, en la mayoría de las ocasiones, a un contenido violento y un
lenguaje no apto para ellos.
Hecho que no debe pasar desapercibido, cuando en nuestro país
los menores de 15 años suman alrededor de 33 millones y equivalen al 28% de la
población y, sin embargo, advertimos que, sin importar esta cifra, los
contendientes en estos comicios, en un pragmatismo puro, bajo la lógica de
aplastar a quien se cruce en su camino, difunden promocionales en radio y
televisión a diestra y siniestra, sin escatimar si estos van dirigidos o no a
espacios infantiles.
Es así como se advierte que los partidos políticos y sus candidatos,
se escudan en la libertad de pautar sus promocionales, sin censura previa, en
los segmentos garantizados que se distribuyen en cada hora de transmisión de
radio y televisión, manifestando una falta de regulación expresa que permita
una focalización y distinción cuando el público receptor sea infantil.
Pero ¿no es deber de los contendientes proteger los intereses de
todos los mexicanos y mexicanas y, más cuando se trata del interés superior de
los menores? Al parecer esto no importa, pasando por alto la obligación
consignada en el artículo 226 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión que establece que los tiempos del Estado destinados para la niñez
deberán tomar en cuenta, principalmente, evitar contenidos que estimulen la
violencia o hagan apología a ella o promueva un lenguaje altisonante, entre
otros.
No obstante, se presencia una falta de voluntad de los actores
políticos y de desatención para producir promocionales con contenido que
protejan a nuestros niños, en contrapartida, nos encontramos con la paradoja
que los partidos y candidatos son los primeros en levantar la mano para
denunciar una posible calumnia por la imputación de hechos y delitos falsos que
se realicen en contra de ellos.
En otras palabras, cuando se encuentran inmiscuidos los adultos
para nuestra clase política el contenido y lenguaje si importa, pero cuando se
trata de los menores no importa, porque desde su lógica, es una población que
no reporta un botín en votos.
En este sentido, nuestra población infantil y los ciudadanos en
general, estamos atados de manos ante el silencio que guarda nuestra
legislación electoral, pero siempre hay una luz al final del túnel y esta se
encuentra representada por las quejas y denuncias que podamos presentar como
personas de a pie y sociedad civil organizada, que en su momento, han sido
atendidas por el Tribunal Electoral y sus Salas respectivas, las cuales han
dejado testimonio que, a pesar de la ausencia de criterios, es posible
construir los grises para la protección del interés superior del menor.
Situación que se ha traducido en el establecimiento de
requisitos mínimos para la aparición de los menores en los promocionales de los
partidos políticos, misma que pasa por la manifestación de su consentimiento
expreso aunado a la autorización de sus padres o tutores, evitando su
participación en spots cuyo contenido sea violento o, que simplemente, los deje
en estado vulnerable.
Sin quedarse atrás en esta asignatura, el INE a fines del año
pasado suscribió un convenio de colaboración junto a Canal 11 para producir
contenido adecuado para el público infantil, dejando abierta la invitación para
que los partidos políticos participaran de este esfuerzo, pero como se ha
venido relatando estos han brillado por su ausencia.
De tal suerte, a reserva de que los ciudadanos continuemos
insistiendo en la salvaguarda de los derechos de nuestros niños, a partir de la
necesidad de que nuestros tribunales armonicen el interés superior del menor y
la libertad de expresión de los partidos políticos y sus candidatos.
No debe pasar desapercibido que es urgente que en la próxima
reforma electoral se obligue a nuestros políticos a difundir promocionales que
atiendan las necesidades del público infantil, cuyo punto de partida tiene que
pasar por la integración de la clasificación de contenidos de RTC, en especial,
la clasificación doble “AA” que busca que los niños no sean bombardeados por
contenido violento, lenguaje inapropiado, entre otros.
Mientras tanto, se guarda la esperanza de que nuestra clase
dirigente recapacite y se tome en serio los derechos de los infantes en nuestro
país, nos seguimos preguntando señores políticos ¿Dónde quedaron los derechos
de los niños apá?
Los moderadores del debate y el pacto de civilidad una cuenta pendiente…
21.05.2018
Publicado en: https://enteratede.com.mx/los-moderadores-del-debate-pacto-civilidad-una-cuenta-pendiente/
Con antelación a la
realización del segundo debate presidencial, se discutió sobre la pertinencia
de fijar las reglas para el comportamiento de los candidatos. Fue así como se
firmó lo que se denominó un “pacto de civilidad”.
Sin
embargo, después de haber presenciado lo acontecido en Tijuana, tenemos como
saldo que estas reglas de comportamiento se quedaron cortas, no sólo por lo que
se refiere a la exigencia ciudadana de más propuestas y menos ataques entre los
contendientes, sino que en la ecuación no se integró el comportamiento de los
moderadores, los cuales pecaron de un protagonismo excesivo que, poco y nada
permitieron que el tiempo restado de la renuncia de la señora Zavala, originara
un mayor intercambio de ideas entre los asistentes.
La
lección… es que no es suficiente que el INE proponga formatos novedosos, sino
también que debe ser cuidadoso en la selección de los moderadores y, por tanto,
una propuesta interesante sería que, en este tercer y último debate a celebrarse
el próximo 12 de junio, además de la firma de un “pacto de civilidad” por parte
de los candidatos, este también sea extensivo a los comunicadores que tendrán
la tarea de su conducción.
Es
ahí donde radica la verdadera cultura democrática, como pedir más propuestas y
menos ataques, cuando los moderadores no son capaces de dejar de lado el
apetito personal para dimensionar que lo que se encuentra en juego es el futuro
del país.
O,
simplemente en un ejercicio de autocrítica ciudadana que salió a relucir en el
debate, como exigir un trato digno para nuestros migrantes en los Estados
Unidos, si somos incapaces de ofrecer condiciones dignas a los migrantes
centroamericanos que ingresan por nuestra frontera sur.
Y,
del mismo modo comprender que los problemas con nuestros vecinos del norte no
se arreglan por proferir el insulto más estridente.
Lo
cual nos trae, una vez más al problema de origen, como pedir un debate de
altura, cuando las partes en juego: clase política y moderadores, no son
capaces de generar las condiciones mínimas para tener un debate donde los
verdaderos protagonistas sean los candidatos.
Por
tal motivo, para saldar la cuenta pendiente que nos dejó este segundo debate
será necesario garantizar que la firma de un “pacto de civilidad” no se limite a
los candidatos, sino también sean los moderadores, en un deber democrático,
quienes se comprometan a generar un debate abierto, desinhibido y vigoroso,
bajo el entendido que cualquier ambición personal debe ser dejada de lado.
Así,
para saldar esta deuda que nos ha dejado este debate es urgente que el árbitro
electoral tome cartas en el asunto, lo cual se dará con un compromiso de todas
las partes involucradas en un potenciado “pacto de civilidad”.
Promesas y leyes electorales… El canto de las sirenas.
En su reciente columna el Ministro Cossío,
de forma acertada señaló que “(..) la ley, por sí misma, no transforma la
realidad, no tiene ese poder metafísico o mágico o religioso (…)”
Así, a propósito del actual proceso electoral, fuimos
testigos que, en su oportunidad, las reglas sobre el conteo rápido; la
veracidad de las firmas de los candidatos independientes; el financiamiento público,
entre otros, han sido temas resueltos sobre la marcha y que en nada abonan a la
claridad sobre las reglas del juego.
Esto es, hoy más que nunca, se advierte que la regulación por
sí misma no cambia la realidad y, que por más que resulte trillado se requieren
de buenas prácticas que permitan hacer eficiente su aplicación y acortar la
brecha de legitimidad entre los políticos y la ciudadanía.
Cómo muestra un botón… en la reciente sesión del INE,
diversos partidos políticos fueron sancionados con una cifra cercana a los 2.4
millones de pesos por la afiliación sin su consentimiento de diversos
ciudadanos y, en otros casos, por no haber llevado a cabo su proceso de
desafiliación.
Esto parecería trivial, pero no lo es porque en cada uno de
estos casos, como en otros tantos, se está en presencia de un inadecuado uso de
los datos personales de millones de ciudadanos.
Hecho que cobra relevancia porque el árbitro electoral,
aplicando a raja tabla la ley electoral, simplemente se limitó a imponer una
sanción económica a los partidos políticos, pero bien vale preguntarse ¿esta
conducta no era merecedora de una investigación por parte de FEPADE y el INAI,
por la probable comisión de un delito electoral o el mal uso de datos
personales?
Lamentablemente con la actual regulación electoral, resulta
imposible abrir estás investigaciones a los partidos, pero es de reflexionar
que estos casos al igual que lo sucedido con las firmas de los independientes
necesitan de castigos ejemplares que eviten este tipo de conductas.
Por lo que, más allá de las promesas electoreras de grandes
reformas, es y resulta necesario emprender acciones concretas y específicas que
nos lleven a evitar que la clase política, incluidos los independientes, creen
mercados negros de la información sobre bases clientelares que, entre otras
variables, lucran con la pobreza y lo más importante minan la confianza en el
sistema político, toda vez que nos llevan como ciudadanos a cuestionarnos sobre
la confiabilidad en el manejo de nuestros datos.
De tal suerte, aquí una vez más llegamos al mismo dilema, las
normas son suficientes o se requieren que vayan acompañadas de la
implementación de buenas prácticas que inhiban los ilícitos.
Sin duda, la respuesta pasa por la comunión necesaria entre
las normas y las adecuadas prácticas, las cuales contribuirán para fijar lineamientos,
con la finalidad de que los partidos transparenten su base de afiliados, así
como sus procesos de afiliación como de desafiliación.
Y, del mismo modo, esto será extensivo para realizar los
ajustes necesarios para que los candidatos ciudadanos no tengan incentivos a
entregar firmas apócrifas y, así tener la certeza la ciudadanía en general que,
ningún dato será utilizado de manera indebida por parte de los actores
políticos.
Problemática que deberá encontrar como sendero para su
solución: la transparencia y el establecimiento de castigos ejemplares, cuya
responsabilidad no sólo se limite al ámbito electoral, sino que también se
involucren a las autoridades penales como administrativas de otros ámbitos,
para que el día de mañana no quede la impresión que un rasero distinto se
aplicó para los partidos políticos y otro para los independientes.
En conclusión, toda persona o institución que decida
participar en política debe someterse a las reglas del juego que, en mi tiempo,
lo llamaban “Estado de derecho”, hoy extraviado en el canto de las sirenas,
saque usted sus propias conclusiones.
Publicado: enteratede.com.mx
14.05.2018
Ríos Piter… el show mediático ¿Cuánto nos costó a los ciudadanos? ¿Quién pagará los platos rotos?
En el actual proceso
electoral, las candidaturas independientes no han estado exentas de críticas,
los saldos que dejan a su paso nos demuestran que este tipo de candidaturas no
están lejos de los reclamos ciudadanos de: más transparencia y menos gastos.
Hace
unos meses el tema fueron las millones de firmas apócrifas presentadas por los
candidatos independientes, pero si esto no fuera suficiente, hoy se advierte
que la sentencia que, en su momento, otorgó 10 días adicionales a Ríos
Piter para probar la veracidad de sus firmas, no se quedó en el anecdotario
retórico de la victimización y posterior declinación de este personaje, sino
que costó nada más y nada menos que cerca de 1 millón de pesos por la
contratación de personal eventual para atender la verificación de apoyos.
Pero,
no importando los esfuerzos adicionales el “Jaguar”, únicamente acudió un día
para la revisión de sus apoyos y, simplemente no regresó con el argumento de
que no había condiciones para la revisión de las 900 mil rubricas calificadas
como anómalas, para días después, decidir poner a disposición su base de apoyos
en pro de una declinación a favor de una candidatura presidencial.
En
este punto debemos preguntarnos y dónde quedaron los ciudadanos, no eran las
candidaturas independientes el antídoto contra los vicios del sistema y los
reclamos de la ciudadanía para reducir los costos de nuestra democracia.
Sin
embargo, la realidad nos probó lo contrario, Ríos Piter sin un ápice de
preocupación por los recursos públicos erogados por el árbitro electoral para
atender su caso, declinó por dejar en el olvido su aventura presidencial y,
finalmente como ocurre en todos los casos, decidió que fueran los ciudadanos
los encargados de pagar por este show mediático.
De
ahí que, para evitar este tipo de situaciones en el futuro, no cabe la menor
duda que debemos preguntarnos ¿Quién debe responder por estos gastos erogados?
¿Esta acción quedara sin castigo?
Lamentablemente,
la respuesta en esta ocasión será… el ciudadano pagará esta factura como
cliente cautivo del sistema, pero a partir de este laboratorio que ha
significado el proceso electoral para la implementación de las candidaturas
independientes, resulta necesario incluir un punto más para la larga y ya
nutrida agenda de la próxima reforma electoral, el cual radica en establecer un
régimen sancionatorio que atienda este tipo de conductas.
Ello
para que los excesos retóricos no queden en el mero anecdotario, sino que quién
sea responsable asuma las consecuencias de sus actos y tú ¿Estás de acuerdo?
Publicado en: enteratede.com.mx
07.05.2018
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