"México
no está en bancarrota"
Ser uno
de los países más confiables para invertir en América Latina, las cifras
macroeconómicas y un balance primario positivo alejan, por ahora, a México de
la bancarrota.
El
presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, ya había soltado la
bomba. El lunes 17 de septiembre quien será el próximo presidente dijo:
"México está en bancarrota". Lo hizo durante una gira de
agradecimiento por el estado de Nayarit, al oeste del país, y lo reiteró un día
después.
Ahí,
desde lo alto de un escenario López Obrador aseguró ante la gente que no ha
habido crecimiento económico en México durante 30 años consecutivos y que, por
ello, le será imposible cumplir todas las demandas de la población durante su
próxima Presidencia, aunque dejó en claro que sus promesas de campaña están
garantizadas.
Entre
las promesas de López Obrador están impulsar el sector agropecuario, pesquero y
forestal de México; renovar seis refinerías de hidrocarburos y la construcción
de dos más; que no subirá los impuestos ni la deuda pública; una beca mensual
para 300.000 universitarios de familias de escasos recursos de 2.400 pesos
mensuales, entre otras.
También
dijo que si durante su Gobierno hay desequilibrio macroeconómico o inflación
será por circunstancias externas o por el mal manejo del Banco de México, banco
central, y no por el Gobierno de la República. En seguida llegaron las
críticas, la más recurrente que López Obrador justificaba a priori que no va a
cumplir en un escenario en que el Gobierno saliente presume finanzas públicas
"sanas" y calificaciones de riesgo-país buenas, que sería lo
contrario a una bancarrota.
En esto
coincide el analista político Jorge
Aljovín al señalar que las cifras macroeconómicas han dado muestra de que
México es un país responsable, se remite a los indicadores de las calificadoras
internacionales, como Moody's, que sitúa a México solo por debajo de Chile como
uno de los países más confiables para invertir en América Latina y establece la
calificación del país en 'A3'. Lo mismo apunta una encuesta publicada por la
firma global de servicios legales Baker McKenzie que sitúa a Chile, Brasil y
México como los países favoritos para futuras inversiones en la región.
En
opinión de Moody's existe una baja probabilidad de que la siguiente
administración debilite las tendencias económicas y fiscales mediante cambios
bruscos de política.
Aljovín
refiere que México está en una situación diametralmente distinta a la de países
de la región como Venezuela o Argentina, actualmente con serias crisis
económicas, y que el diagnóstico de López Obrador fue equivocado en el sentido
de que hablar de bancarrota sería aplicable para un país que no puede hacer
frente a sus obligaciones, "que tiene problemas que son insuperables, como
Venezuela que tiene una crisis humanitaria".
Sin embargo,
para Marina Campos, coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de
Cuentas del reconocido centro de análisis México Evalúa, el manejo que se ha
venido dando a las finanzas públicas de México encamina a una bancarrota.
"México no está en bancarrota, pero de seguir manejando las finanzas
públicas como se ha hecho en los últimos 10 años, sí creo que lo pueda estar
más pronto que tarde. Creo que hemos estado en ese camino mucho tiempo, pero
aún no hemos llegado a ese lugar y estamos a tiempo de hacer girar el
volante", apunta.
Para
Jonathan Heath, con 30 años de experiencia en el análisis de la economía
mexicana, lo que el presidente electo de México quiso decir es que gastará
hasta donde le alcance los ingresos.
"Si
los recortes e intentos de austeridad, junto con la reorientación del gasto, no
resultan suficientes para financiar todo lo que busca, que no quede duda, habrá
que recortar el gasto. No habrá más deuda ni impuestos nuevos. En otras
palabras, los números sí van a cuadrar y no será sacrificando la estabilidad,
sino más bien mediante un gasto más moderado", escribió el especialista en
un análisis para el periódico mexicano Reforma.
En este
sentido, explica Campos, actualmente el balance primario de México –el cual
muestra la postura fiscal (ingresos menos gasto) sin incluir el costo
financiero de la deuda pública y los pasivos garantizados por el Gobierno
Federal–, es positivo aunque muy poco, con base en las últimas cifras de la
Secretaría de Hacienda, encargada de la administración pública federal de
México, dadas a conocer el 30 de agosto pasado.
Campos
ahonda sobre que el balance primario de México fue positivo, de un tamaño igual
al pago de intereses y amortización, hasta 2008 al estallar una crisis
internacional que quebró el sistema financiero mundial y en la que mucho
gobiernos quebraron.
Desde
entonces, no se han recuperado las finanzas públicas de México, pues, añade, no
se hicieron los ajustes de gasto que se tenían que hacer y se siguió gastando.
"El
balance primario comenzó a corregirse de manera definitiva hasta 2017, fue de
317.000 millones, y por primera vez volvió a ser positivo desde 2009. Eso
significa que el gobierno mexicano se endeudaba para pagar sus propios
intereses de la deuda, es como si pagas una tarjeta de crédito con otra tarjeta
de crédito", explica.
El
panorama financiero al que se enfrentará López Obrador
En la
administración que está por terminar, al mando del presidente Enrique Peña
Nieto, el pago de intereses y comisiones de la deuda pública se ha
incrementado, además de que continuos recortes han llevado a reducir la
inversión pública en infraestructura.
De
acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda de México, en los primeros
siete meses del año se ha destinado un total de 367.492 millones de pesos en
inversión pública en infraestructura, la cual comprende la construcción y
conservación de obra pública. Este monto representa un 11,4 % del gasto total.
En tanto, para cubrir el costo financiero, es decir el pago de intereses y
comisiones de la deuda pública, se han destinado 364.385 millones de pesos, un
11,3 % del total del gasto.
A nivel
de América Latina, México, junto con Guatemala, es uno de los países con el
menor nivel de inversión pública en infraestructura como porcentaje del
Producto Interno Bruto (PIB), con base en información de un estudio reciente
del Banco Mundial.
Enrique
Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador tras una reunión en el Palacio
Nacional. Ciudad de México, 20 de agosto de 2018. / Carlos Jasso /
www.globallookpress.com
Campos
destaca que en los últimos cinco años la administración pública de México se
endeudó bastante, es decir, se adquirió mayor deuda durante el gobierno de Peña
Nieto que con el de sus antecesores Felipe Calderón y Vicente Fox. "Fue un
sexenio en que aumentó 10 puntos porcentuales la deuda y al mismo tiempo se desplomó
la inversión 2 puntos del PIB, refiere.
La deuda
del Gobierno Federal mexicano se integra por las obligaciones financieras
contraídas por los poderes Legislativo y Judicial, las dependencias del Poder
Ejecutivo Federal y sus órganos desconcentrados; además de las obligaciones
contraídas por algunos órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral
(INE) o el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Derivado
de la suma de todas las obligaciones financieras contraídas al 30 de junio de
2018, la deuda neta del Gobierno Federal ascendió a casi 8 billones, cifra
superior en 403.304 millones de pesos respecto al saldo registrado al término
de 2017, cuando se ubicó en algo más de 7,5 billones, con base en datos de la
Secretaría de Hacienda recogidos por el Centro de Estudios de las Finanzas
Públicas, dependiente de la Cámara de Diputados.
Los
retos financieros para México
Para
evitar llegar a la bancarrota de la que habló López Obrador, para el próximo
gobierno –que estará a su cargo a partir del 1 de diciembre de 2018– va a ser
muy importante una reasignación del gasto público, con medidas como la
evaluación del diseño y capacidad de impacto de programas presupuestarios,
principalmente programas sociales, para eliminar aquellos que no funcionan,
además de controlar el endeudamiento, recomienda Mariana Campos.
Asimismo,
exhorta Aljovín, el Congreso de
México debe establecer mecanismos de control para ver que los recursos sean
usados eficientemente y se cumpla efectivamente con los propósitos de las 11
reformas estructurales que se iniciaron con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Para el
analista, el incumplimiento de los beneficios de las reformas estructurales es
el gran saldo que deja el gobierno saliente, con buenas intenciones que no se
materializaron en seis años. "Me parece que puede ocurrir lo mismo con
López Obrador si no se toman con responsabilidad. Vemos, por ejemplo, la Ley de
Austeridad, que impulsa el gobierno que está por entrar, pero si no le damos
seguimiento es probable que en los próximos años nos estemos lamentando una vez
más".
