En su reciente columna el Ministro Cossío,
de forma acertada señaló que “(..) la ley, por sí misma, no transforma la
realidad, no tiene ese poder metafísico o mágico o religioso (…)”
Así, a propósito del actual proceso electoral, fuimos
testigos que, en su oportunidad, las reglas sobre el conteo rápido; la
veracidad de las firmas de los candidatos independientes; el financiamiento público,
entre otros, han sido temas resueltos sobre la marcha y que en nada abonan a la
claridad sobre las reglas del juego.
Esto es, hoy más que nunca, se advierte que la regulación por
sí misma no cambia la realidad y, que por más que resulte trillado se requieren
de buenas prácticas que permitan hacer eficiente su aplicación y acortar la
brecha de legitimidad entre los políticos y la ciudadanía.
Cómo muestra un botón… en la reciente sesión del INE,
diversos partidos políticos fueron sancionados con una cifra cercana a los 2.4
millones de pesos por la afiliación sin su consentimiento de diversos
ciudadanos y, en otros casos, por no haber llevado a cabo su proceso de
desafiliación.
Esto parecería trivial, pero no lo es porque en cada uno de
estos casos, como en otros tantos, se está en presencia de un inadecuado uso de
los datos personales de millones de ciudadanos.
Hecho que cobra relevancia porque el árbitro electoral,
aplicando a raja tabla la ley electoral, simplemente se limitó a imponer una
sanción económica a los partidos políticos, pero bien vale preguntarse ¿esta
conducta no era merecedora de una investigación por parte de FEPADE y el INAI,
por la probable comisión de un delito electoral o el mal uso de datos
personales?
Lamentablemente con la actual regulación electoral, resulta
imposible abrir estás investigaciones a los partidos, pero es de reflexionar
que estos casos al igual que lo sucedido con las firmas de los independientes
necesitan de castigos ejemplares que eviten este tipo de conductas.
Por lo que, más allá de las promesas electoreras de grandes
reformas, es y resulta necesario emprender acciones concretas y específicas que
nos lleven a evitar que la clase política, incluidos los independientes, creen
mercados negros de la información sobre bases clientelares que, entre otras
variables, lucran con la pobreza y lo más importante minan la confianza en el
sistema político, toda vez que nos llevan como ciudadanos a cuestionarnos sobre
la confiabilidad en el manejo de nuestros datos.
De tal suerte, aquí una vez más llegamos al mismo dilema, las
normas son suficientes o se requieren que vayan acompañadas de la
implementación de buenas prácticas que inhiban los ilícitos.
Sin duda, la respuesta pasa por la comunión necesaria entre
las normas y las adecuadas prácticas, las cuales contribuirán para fijar lineamientos,
con la finalidad de que los partidos transparenten su base de afiliados, así
como sus procesos de afiliación como de desafiliación.
Y, del mismo modo, esto será extensivo para realizar los
ajustes necesarios para que los candidatos ciudadanos no tengan incentivos a
entregar firmas apócrifas y, así tener la certeza la ciudadanía en general que,
ningún dato será utilizado de manera indebida por parte de los actores
políticos.
Problemática que deberá encontrar como sendero para su
solución: la transparencia y el establecimiento de castigos ejemplares, cuya
responsabilidad no sólo se limite al ámbito electoral, sino que también se
involucren a las autoridades penales como administrativas de otros ámbitos,
para que el día de mañana no quede la impresión que un rasero distinto se
aplicó para los partidos políticos y otro para los independientes.
En conclusión, toda persona o institución que decida
participar en política debe someterse a las reglas del juego que, en mi tiempo,
lo llamaban “Estado de derecho”, hoy extraviado en el canto de las sirenas,
saque usted sus propias conclusiones.
Publicado: enteratede.com.mx
14.05.2018
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