Hace
unos días inició el proceso electoral, exactamente, será un período de 90 días
en donde los partidos políticos y los candidatos, con independencia del
domicilio ideológico que se profese, buscarán persuadir a la ciudadanía para
que depositen su voto a favor de sus propuestas, destacando como temas comunes
de sus plataformas programáticas: el combate a la corrupción, la impunidad y la
seguridad pública, entre otros.
Sin
embargo, a pesar de lo atractivo que puedan parecer estas propuestas, si
establecemos como problemática central el combate a la corrupción, lejos de
preguntarnos cómo se combatirá en un futuro gobierno, también vale la pena
cuestionarnos ¿los gastos que realicen los partidos políticos y sus postulantes
guardarán correspondencia con lo reportado en sus informes de campaña?
O,
en otras palabras ¿el modelo de
fiscalización será capaz de capturar lo que sucede en la realidad? Sin duda, el
actual proceso electoral pondrá a prueba las capacidades del INE, para
erradicar el uso indiscriminado del dinero en efectivo y la práctica de las
dobles contabilidades, es aquí donde la clase política tendrá la oportunidad de
demostrarle a la ciudadanía que la corrupción y la impunidad no sólo
constituyen un discurso electoral, sino por lo contrario, es un compromiso de
aquí y ahora... y no producto de espejismos y de palabras al vuelo.
Ello, cobra relevancia porque, necesariamente, la
fiscalización lleva aparejada la revisión del adecuado ejercicio de recursos
públicos, por lo que la actuación del árbitro electoral, así como de la clase
política no puede ser insensible a las dificultades que viven miles y millones
de mexicanos y mexicanas que, según datos oficiales de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) han mostrado un panorama de rezago,
con cifras escalofriantes, de aproximadamente 54 millones de personas viviendo
en la pobreza, con altos índices de desigualdad.
Motivo por el cual, si nuestro sistema electoral
quiere recuperar la legitimidad que alguna vez tuvo, este será el punto de
inflexión para probar que se pueden llevar a cabo campañas austeras,
acompañadas de los mecanismos que transparenten el origen y destino de los
recursos, disipando cualquier vestigio de un gasto irracional proveniente de fuentes
ilícitas.
Para ello, si bien se entiende que no es una tarea
que, únicamente, sea competencia del órgano electoral, ya que la corrupción debe
atacarse como un problema criminal, no puede ni debe dejar de reconocerse que se
trata de una labor de coordinación entre las autoridades, sociedad civil y los observadores
electorales, lo cual nos permitirá lograr un adecuado blindaje del uso de
dinero proveniente de fuentes de dudosa procedencia.
Una de las propuestas, será no limitarse a una
fiscalización restringida a lo reportado por los partidos y sus candidatos en
el sistema integral de fiscalización, sino también procurar una auditoría de
las redes sociales, que hoy en día juegan un papel primordial en las campañas,
y que lamentablemente nuestra normatividad no prevé regulación alguna, por su
carácter novedoso.
Lo cual no debe confundirse con un papel de censores
de la libertad de expresión, sino a partir del hecho de identificar la
existencia de publicidad pagada que busca ser ocultada por los contendientes.
Es ahí donde será importante comunicar a la ciudadanía
las acciones de colaboración entre el INE y los gigantes de las redes sociales
como Facebook y Twitter, entre otros, a partir de las cuales se tiene la
obligación de no sólo acreditar la contratación entre los partidos y los
intermediarios, sino también entre los intermediarios y estas grandes empresas,
para así evitar casos como el de Coahuila en donde fallos procesales llevaron a
hacer oídos sordos a gastos no reportados.
Así, estos convenios de colaboración deberán expresar
la urgente necesidad de contar con respuestas inmediatas, para que así los
participantes no tengan la posibilidad de alegar la falta de una garantía de
audiencia, pero esto no puede ser un esfuerzo aislado por parte de la autoridad
electoral, sino también es necesario que los ejercicios de fiscalización se
transparenten e involucren a la ciudadanía mediante la creación de
observatorios ciudadanos que contribuyan no sólo a identificar noticias falsas,
como es el caso de #verificado 2018, sino que sean un respaldo para que el
árbitro electoral realice una revisión más exhaustiva.
Esto es, apoyarse en estas iniciativas para hacer
verdaderas fiscalizaciones de campo con el propósito que se capture lo que
realmente gastan los contendientes en un proceso electoral. Por lo que
utilizando la figura del “amicus curiae” o amigos de la corte, estos
observatorios podrán contribuir a un ejercicio de auditoría por aire y por
tierra, a través del seguimiento de los espacios electrónicos, pero también con
el acompañamiento de brigadas ciudadanas que coadyuven en los recorridos que lleva
a cabo la autoridad en la revisión de la propaganda en la vía pública, así como
en los eventos masivos organizados por los candidatos.
No obstante, ya iniciada la actual contienda, este
tipo de acciones serán difíciles de emprender, por lo que tomando como punto de
partida las iniciativas emprendidas por organizaciones como #verificado2018,
las mismas podrían considerarse como la oportunidad para que a partir del
monitoreo de las noticias falsas se obtengan elementos probatorios que le
proporcionen indicios al órgano fiscalizador. Ello a partir de pruebas que le
permitan investigar donde su actividad ya sea por falta de recursos humanos o
materiales no llegue.
Sean estas propuestas, un espacio para crear responsabilidad
ciudadana y decirle a nuestra autoridad electoral no están solos, pero también
se requiere que el INE propicie estos puntos de encuentro, por lo que ¿no será
este el camino para recuperar la legitimidad pérdida?
02.04.2018
Publicado en: enteratede.com.mx
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