La investigación sobre el origen de las llamadas telefónicas que miles de
personas recibieron la semana pasada y en las que se calumnió a Andrés Manuel López Obrador, se
extenderá más allá de la jornada electoral del 1 de julio, estimó Jorge Aljovín, especialista en materia electoral del Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM).
Al menos tres meses tomará el proceso de investigación debido
la gran cantidad de los datos personales que, consideró
el especialista,
pudieron filtrarse desde
algún órgano de
gobierno para hacer las llamadas en
detrimento del candidato presidencial de
la coalición Juntos Haremos
Historia.
En entrevista para El Big Data, Aljovín advirtió que los datos personales de 89 millones 393 mil 959 personas inscritas
al padrón electoral podrían estar en un
mercado negro al que habrían llegado a través de una filtración desde el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
El académico argumentó que, durante
el proceso electoral, los partidos políticos podrían tener la tentación de usar esta información de los ciudadanos con el objetivo de
incidir en la intención de voto.
Aljovín aseguró que la actuación de
las autoridades implicadas
en la investigación, el
rastreo de los responsables de estas llamadas y la aplicación de la ley requerirá una tarea
“titánica de coordinación
interinstitucional, un proceso de largo aliento y no habrá un resultado
de la investigación antes del 1 de
julio”.
Los órganos
federales implicados en resolver esta situación, acotó, son
el INAI, por el probable
uso indebido de datos personales; la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE),
para la persecución de las violaciones a la ley en la materia; y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT),
en la identificación del origen de las llamadas.
El Instituto Nacional Electoral (INE) también podría tener
participación en lo referente a la identificación de la empresa que realizó las marcaciones,
la cual debe formar parte del Registro
Nacional de Proveedores.
De lo contrario violaría la fracción XXI
del artículo 7 de la Ley General
en Materia de Delitos Electorales, que establece sancionar al ente que “provea
bienes y servicios a las campañas electorales sin formar parte
del padrón de
proveedores autorizado por el órgano electoral administrativo”, apuntó el
especialista.
Aljovín dijo que, de tratarse de proveedores no registrados, los
responsables podrían alcanzar penas de
mil a cinco mil días de multa y de cinco a 15 años de prisión, de acuerdo con
el Artículo 15 de la legislación citada.
“Nos encontramos ante instituciones que
piden hasta lo imposible a los ciudadanos. Nos están pidiendo que recabemos
pruebas, que se pongan las denuncias ante la autoridad y a pesar de todo eso es
una investigación que va a ser tortuosa; la autoridad no tiene los medios para
parar este tipo de problemas”, aseguró.
Consideró que se tendrá que considerar en
las próximas reformas a
la legislación electoral, facilitar a la ciudadanía
los procesos de denuncia,
para que sean ágiles, eliminen la burocracia y
la tramitología, factores
que desincentivan la denuncia.
Agregó que las autoridades no siguen de oficio
estas conductas y esperan a que los partidos políticos o
los ciudadanos presenten
las denuncias, lo que resulta “preocupante”, independientemente del candidato de quien se trate.
“Lo que tiene que hacernos repensar este
tipo de conductas es que debemos reformar en su momento este tipo de leyes y
permitir la acción inmediata de las autoridades electorales federales y que se
eviten todos estos trámites burocráticos para que tengamos soluciones prontas y
expeditas que le den certeza electoral antes del día de la jornada”, enfatizó.
No hay comentarios:
Publicar un comentario